En los últimos años, la gestación por subrogación ha crecido en Córdoba como alternativa para quienes no pueden concebir. Pero detrás de los acuerdos entre partes, ¿se esconde un negocio con personas vulnerables?
Desde Córdoba, la Justicia federal —a partir de una denuncia anónima que llegó a la línea 145— comenzó a investigar 14 casos vinculados a gestación por sustitución en dos clínicas, que serían identificadas por un alto cargo de la Fiscalía como Fecundart y Nascentis. Se imputó a nueve personas, entre directores médicos, psicólogos y abogados, por la presunta captación de mujeres en situación socioeconómica precaria para que actuaran como gestantes a cambio de dinero. Según la fiscalía, las clínicas habrían recurrido a estrategias como ofrecer donaciones de óvulos para acercarse a las mujeres vulnerables, presentar acuerdos ante la Justicia que ocultaban la vulnerabilidad real de las gestantes y certificar supuesta autonomía emocional y psicológica, cuando en realidad se habría tratado de un proceso maipulado, con engaño y abusos de poder.
Desde la información propiciada por las fuentes en el centro de la causa, se evalúa detrás de la carátula del caso si la estructura de Fecundart y Nascentis encubrió prácticas de “trata de personas con fines de explotación” mediante los procesos de gestación por sustitución. Los fiscales sostienen que la ausencia de un marco legal claro en Argentina y el aprovechamiento de la necesidad económica de las mujeres generó un esquema similar a la reducción a la servidumbre: se prometía dinero a cambio de la gestación, sin seguimiento médico ni acompañamiento posterior, y se recurrió a psicólogas y abogados para legitimar acuerdos opacos ante los Juzgados de Familia en Córdoba.
¿Qué está investigando la Justicia Federal?
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Carátula: "Delitos relativos a la trata de personas".
La investigación de la Fiscalía Federal de Córdoba gira en torno a un delito poco explorado: la trata de personas mediante la captación de mujeres —muchas en situación de vulnerabilidad— para ser explotadas con fines reproductivos. Médicos, abogados, psicólogos y captadores están bajo la lupa por haber ofrecido dinero a mujeres para que gesten bebés por encargo de terceros, en un sistema que simula acuerdos privados, pero encubre desigualdades profundas.
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El dinero y el consentimiento: Ganancia económica vs. decisión libre
La diferencia entre altruismo y transacción económica es esencial. En los casos investigados, las mujeres recibían pagos que superaban una simple cobertura de gastos, lo que constituye un incentivo económico que invalida el carácter voluntario de su decisión. Según la ley, nadie puede ser explotado, ni siquiera si lo consiente. Y si hay ganancia, hay explotación.
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Manipulación sistematizada: El mercado de la reproducción y las listas de donantes
El sistema de donación de óvulos ha funcionado como principal canal de captación. Muchas de las gestantes investigadas habían sido antes donantes a cambio de dinero. Este mecanismo crea una base de datos de mujeres vulnerables, disponibles para tratamientos médicos invasivos, configurando una red que naturaliza y sistematiza la explotación con fines reproductivos.
04
Las víctimas y sus secuelas: Cuerpos agotados, vínculos rotos y abandono
La causa expone a mujeres que han sufrido severas secuelas físicas y psicológicas tras los embarazos: hipertensión, sangrados, incontinencia, y un abandono sanitario absoluto. También se han registrado daños emocionales en sus propios hijos, al atravesar embarazos desconectados de su núcleo familiar. Algunas víctimas se han presentado como querellantes para exigir reparación por el daño sufrido.
En los últimos años, clínicas de fertilidad como Nascentis y Fecundart prestan servicios de subrogación de vientre dentro del vacío legal. Bajo el velo de la medicina reproductiva, se gestaron prácticas que hoy estarían bajo la lupa judicial.
Este es el caso de una pareja que recurrió a Fecundart para cumplir el deseo de ser padres —los llamados padres comitentes— y de una mujer que, al ofrecer su cuerpo para gestar a ese hijo, terminó como denunciante de lo sufrido a raíz del proceso.
Ella es una de las principales víctimas en la causa que investiga presuntos delitos vinculados a la gestación por sustitución. Su testimonio fue clave para abrir la investigación judicial que hoy involucra a médicos, directivos y abogados.
Detrás del discurso de la ciencia y la promesa de vida, se revelaría una trama de vulneraciones, silencios y contratos irregulares. En esta página, reconstruimos lo que pasó: cómo se gestó esa vida, quiénes participaron, qué se prometió y qué se incumplió.
Testimonio de los padres comitentes
Presupuesto de Nascentis
Este presupuesto se le entregó a los padres comitentes. Al final, eligieron otra clínica.
El presupuesto ascendía a U$S 39500,00 (más IVA) mientras a las mujeres subrogantes se les ofrece como tope U$S 10000.
Testimonio de "Ana", una de las víctimas.
Fue gestante para la pareja comitente que fue relevada en este espacio. Solicitó anonimato.
Una mujer que habría participado como gestante en un proceso de gestación por sustitución, a quien en adelante se referirá como "Ana", denunció una serie de supuestas irregularidades y una presunta falta de contención por parte de la clínica que habría encabezado el tratamiento.
Según su testimonio, Ana habría manifestado que fue tratada "como lo último" y que no recibió una atención adecuada por parte del personal. Relató que "no te trataban bien, eras lo último en importancia". Afirmó además que no se le brindaba asistencia en aspectos como los traslados o los efectos secundarios del tratamiento: "Siempre fui sola" a las citas médicas y procedimientos, y "nunca me preguntaron si tenía para volverme o no". Añadió que "solo cuando estábamos frente a la pareja de comitentes me ofrecieron un Uber, frente a ellos era otra cosa".
En sus declaraciones, Ana sostuvo que inicialmente consideró el proceso como "una gran oportunidad en mi vida", impulsada por su necesidad económica. La compensación de 10 mil dólares —que habría sido ofrecida por el proceso— la utilizó, según afirmó, para mejorar su vivienda: "Era para arreglar mi casa.
Yo antes tenía un bañito afuera de mi casa y tengo un nene con discapacidad. Lo tenía que bañar con baldes. Por eso aproveché para hacer baño y las piezas de mis hijos". Contó que anteriormente debía bañar a su hijo con discapacidad en el patio, con baldes de agua incluso en invierno, y que esa suma "era una cifra que en mi vida la iba a ver".
No obstante, su perspectiva habría cambiado tras declarar ante la fiscalía, donde —según ella— le explicaron que la compensación económica no equivaldría "a lo que se tiene que pagar realmente". Según indicó, la fiscalía interpretaría que la clínica podría haberse aprovechado de mujeres en situación de vulnerabilidad —por ejemplo, "madres solteras con varios hijos, de más de 30 años y con necesidad económica"— y que esto podría ser encuadrado como un posible caso de trata de personas. Siempre según su versión, la fiscalía le habría asegurado que se la considera "víctima" y que esa condición no cambiaría, dado que la acusación que pesa sobre la clínica sería por un delito grave tipificado en la ley.
Uno de los momentos que describió como más traumáticos habría sido el del parto. Poco antes de la cesárea, le habrían informado que una jueza había rechazado la inscripción del bebé y que intervendría el SENAF para realizar una prueba de ADN, bajo sospecha de irregularidad: "Pensaban que estaba vendiendo un bebé mío", declaró. Se sintió tratada "como una delincuente", acusada "de que estaba vendiendo un hijo mío", a pesar —según aseguró— de haber dicho la verdad, a diferencia de otros comitentes o gestantes que habrían brindado versiones presuntamente falsas para simular un acuerdo altruista. Posteriormente, Ana dijo haber sufrido consecuencias físicas como hipertensión, sangrados, aumento de peso y síntomas de depresión posparto, sin recibir —según ella— ningún tipo de seguimiento o contacto por parte de la clínica.
Por todo lo vivido, Ana decidió sumarse como querellante en la causa judicial, con la intención de que "esto se termine o se regularice", y para que las mujeres gestantes "tengan derecho a saber que todo se va a cumplir bien y que van a tener acompañamiento". Finalmente, subrayó que espera que se deje de lucrar con la situación de las gestantes, ya que —en sus palabras— "ninguna mujer lo haría si no hay plata de por medio".
01
El engaño no siempre se ve venir
“Cuesta entender el engaño”, dice la especialista.
Muchas mujeres llegan a estas clínicas creyendo que van a donar óvulos. La propuesta inicial es clara, pero lo que viene después no. Entre papeles vagos, promesas económicas y discursos disfrazados de solidaridad, terminan gestando un embarazo para otro sin haber comprendido del todo el proceso.
Consecuencias psicológicas
Especialista anónima dice:
02
La conciencia aparece tarde
“Recién después del parto aparece la conciencia del daño.”
Durante el embarazo, muchas naturalizan la situación. Pero cuando llega el momento de entregar al bebé, algo se rompe. No se trata solo del vínculo afectivo, sino del golpe emocional de haber vivido un proceso sin haberlo elegido realmente.
03
No eligen: están vulnerables
“No es que ceden ni optan. No tienen herramientas para defenderse.”
La mayoría atraviesa situaciones de pobreza, abandono, o violencia. Desde esa fragilidad, cualquier “salida” parece viable. Pero no es libertad: es necesidad. Y ahí es donde el sistema falla.
04
Las entrevistas psicológicas no alcanzan
“No solo importa el instrumento, sino cómo se aplica.”
En teoría, debería haber evaluaciones para saber si una mujer está en condiciones de subrogar. Pero la ley argentina es ambigua, y no hay protocolos claros. A veces, las entrevistas son meros trámites. No se indaga en la historia personal ni en los riesgos reales.
05
La justicia busca probar el engaño
“Se oculta el procedimiento real. Se disfraza la intención.”
Lo que investiga hoy la justicia es si hubo captación. Si se manipuló a mujeres en situación de necesidad para que aceptaran algo que no comprendían. Porque cuando no hay información clara, no hay consentimiento.
Equipo de Investigación
Abalos Candela, Martínez Mariotti Sofía, Gomez Tomás, Pedraza Lourdes
Universidad Blas Pascal